En el marco de la conmemoración, este 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer; desde la Dirección de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales se brinda un pequeño aporte mediante reflexiones acerca del rol de la mujer en las relaciones de consumo.
En ese marco, y a modo de contribución para la efectiva protección de los derechos de las mujeres, se propone una acotada enunciación de prácticas comerciales que vulneran la igualdad de género (noción que no se identifica con el sexo biológico) en el ámbito del consumo; al tiempo que se dan a conocer las herramientas jurídicas con las se cuenta desde el área para su defensa.
Lo primero que se debe tener en cuenta es que el sistema jurídico de Defensa al Consumidor esta anclado en la Constitución Nacional, y la piedra angular es la protección de la dignidad de la persona, que se traduce en la Ley de Defensa del Consumidor, en el derecho fundamental de un trato equitativo y digno, libre de toda discriminación. Estas normas, junto a la incorporación al sistema jurídico de los tratados de derechos humanos, nos proporcionan importantes herramientas para hacer valer la igualdad de los consumidores y consumidoras.
Entre las prácticas abusivas que se pueden señalar, se encuentra el trato discriminatorio en la publicidad, en el acceso al consumo por razón de género u orientación sexual, que tienen su protección en la misma ley de defensa al Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Sin embargo, en esta oportunidad, desde la Dirección se busca poner el foco en una situación que todavía no ha sido tan visibilizada, el Pink Tax o Tasa Rosa, que se refiere a la práctica de establecer sobreprecios a bienes de consumo masivo que se ofrecen en versión femenina. Sin lugar a dudas esta es una práctica discriminatoria en detrimento de las mujeres que puede atacarse con las normas generales del sistema de defensa al consumidor, aunque sería valioso un tratamiento legal específico, tal como se ha intentado con algunos proyectos ingresados a la Cámara de Diputados que lamentablemente perdieron estado parlamentario.
“Conocer nuestros derechos garantiza su defensa” concluyen.
