Quien ejerce una función pública asume el compromiso para con la ciudadanía de desempeñarse respetando los principios de honestidad e integridad, lo cual implica verse sujeto a un escrutinio mayor sobre su conducta ética.
En el marco del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza 4267/18, los funcionarios de los departamentos Ejecutivo y Deliberativo -en su gran mayoría- cumplieron con su obligación de presentar sus DDJJ públicas y privadas.
A partir de entonces, personal de la Subsecretaría de Modernización de la Municipalidad de Olavarría se encuentra en proceso de verificación: habrá 10 días hábiles para notificar a los funcionarios que incumplieron, según lo estipula el art. 8 del anexo de la Ordenanza.
Adicionalmente -y según lo establece el art. 11 del mismo anexo- la autoridad de aplicación tiene 60 días hábiles para publicar en el Portal de Gobierno Abierto las DDJJ Públicas presentadas, aunque se estima que se contará con la información antes de tal plazo, dado que es arduo el trabajo realizado para extraer las DDJJ en el menor tiempo posible.
Aquellos que no hayan cumplido con su obligación en tiempo y forma serán pasibles de una multa del 30% de su sueldo y si no lo regularizan en 10 días corridos luego de ser notificados, se les retendrá el 80% de su sueldo hasta tanto subsanen la falta, todo ello establecido en la Ordenanza que fue emitida en el mes de agosto.
En total son cerca de 120 funcionarios obligados a presentar el documento, tanto del departamento deliberativo como del ejecutivo.
En esta primera oportunidad los funcionarios presentaron la DDJJ de carácter inicial y a partir de ahora deberán presentar su actualización anual, así como una DDJJ de cierre una vez que cese en su cargo.
La publicación de las Declaraciones Juradas de los funcionarios tienen por objetivo poner a disposición de la ciudadanía las herramientas que permitan combatir y prevenir la corrupción en el ámbito municipal. En este caso, las mismas serán publicadas en el portal de Gobierno Abierto, mientras que la DDJJ Privada (que contienen más datos) solo será accesible a pedido de la justicia ante casos de investigación y cuando esta lo requiera.
Aquellos funcionarios alcanzados por la normativa deben presentar una Declaración Jurada Patrimonial Integral, la cual constituye un instrumento fundamental para prevenir y detectar posibles enriquecimientos ilícitos que pudieran cometer, así como también detectar posibles conflictos de intereses e incompatibilidades en sus funciones.
Además, se ha establecido la posibilidad de presentar y consultar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de forma digital, con el objetivo de una modernización del Estado y en línea con un fuerte compromiso con la transparencia que habilita el control ciudadano.
